La Reforma Penal comprende diversos aspectos del sistema de seguridad y justicia mexicano, lo cual representa un gran reto para el Estado en su conjunto, pero también es una oportunidad para cumplir con las obligaciones internacionales y mejorar la impartición de justicia penal en nuestro país.

En 2004, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo público que había enviado al Gobierno mexicano una Recomendación a fin de que revisara su sistema nacional de administración de justicia, procurando, recomendó el Alto Comisionado, incorporar, principalmente en la materia penal, el sistema acusatorio, por considerarlo más preciso, menos lesivo para los derechos humanos, más equitativo, más confiable; en virtud de que cuenta con reglas y principios que posibilitan una contienda menos desigual entre acusador y acusado.

El modelo acusatorio penal, consideró el Alto Comisionado, debe sustituir al actual sistema mixto con tendencia al inquisitorial que aplican los tribunales mexicanos. Motivó la recomendación en los resultados de las visitas, las supervisiones, los diagnósticos y demás estudios que diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, habían llevado a cabo en el país y cuyos resultados demostraron que en México, de manera sistemática, se violan los derechos humanos de las personas que son señaladas, por las fuerzas de seguridad y las procuradurías generales de justicia, como sospechosas de haber participado en la comisión de un delito.[1]

Como respuesta a una exigencia de justicia social y a las recomendaciones del Alto Comisionado, de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, así como de diversas organizaciones nacionales e internacionales, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una propuesta[2] para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, entre otras cosas, tomar en cuenta las recomendaciones. El mes de junio de 2008, el Poder Constituyente Permanente mexicano, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, LX Legislatura Federal, por la que llamó Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, modificó diez artículos de la Constitución[3], asegurando que así incorporaba el modelo acusatorio al sistema de justicia nacional, que el nuevo proceso penal sería respetuoso, protector y una garantía de los derechos humanos, que se ajustaba a los estándares establecidos en los ordenamientos legales que México había aceptado y que eran demandados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que el nuevo proceso se encontraría regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación[4], que sería oral y se fundamentaría en el predominio de los derechos de las víctimas y personas imputadas.

Se estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016.

Como ya hacíamos referencia en la presentación del proyecto, a la fecha, a pesar de que nos encontramos en la primera y crucial etapa de transformación del sistema penal, la mayoría de los estados no han implementado el nuevo sistema. Por ello, mientras avanzan hacia esa meta es necesario buscar modelos para transformar, no sólo el formato de los juicios, sino la perspectiva y cultura legal, transitando, por ejemplo, desde una presunción de culpabilidad hacia la presunción de inocencia y el respeto por los derechos humanos.

En este marco, uno de los aspectos de las reformas donde se constatan rezagos, y donde tenemos una oportunidad de incidir de manera estructural en los próximos años mediante la identificación de ejemplos y modelos positivos para guiar el proceso de transición, es el concerniente a la garantía de los derechos humanos por parte de las juezas y jueces, mediante los nuevos parámetros de control de convencionalidad y constitucionalidad, sobre todo en el ámbito de la justicia penal. Es decir, contrastando los actos de autoridades y las leyes secundarias con los derechos reconocidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales; y es ahí donde nuestro proyecto busca incidir.

[1] Organización de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 2004.

[2] Para más información sobre el procedimiento de aprobación, se puede consultar el Cuaderno de Apoyo que contiene el Proceso Legislativo de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada el 18 de junio de 2008, http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf

[3] Decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008. Puede consultarse en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008

[4] Artículo 20 constitucional, declaración de principios (encabezado).