El proyecto Monitoreo ciudadano de la aplicación de las reformas constitucionales en materia penal, de derechos humanos y de amparo, que estamos trabajando desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tiene como objetivo general incidir en la aplicación cabal de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, justicia penal y amparo, dentro del ámbito penal a partir del monitoreo y la identificación de prácticas judiciales que fortalezcan la cohesión social, el diálogo y la participación ciudadana.

En México, la violación a los derechos humanos dentro del ámbito de la justicia penal ha sido recurrente, a pesar de que el marco jurídico mexicano en materia de derechos humanos ha cambiado sustancialmente en los últimos años. En 2008 fue aprobada una reforma constitucional para modificar el modelo de justicia penal. Posteriormente, en 2011 fue decretada una reforma constitucional en materia de derechos humanos y también una nueva Ley de Amparo. Estas reformas dan muestra de que el andamiaje legal para defender los derechos humanos se ha fortalecido notoriamente; sin embargo, en la práctica graves violaciones a derechos humanos siguen presentándose en México en el ámbito de la justicia y las garantías a los derechos humanos.

A la fecha, a pesar de que nos encontramos en la primera y crucial etapa de transformación del sistema penal, la mayoría de los estados no han implementado el nuevo sistema. Por ello, mientras avanzan hacia esa meta es necesario buscar modelos para transformar, no sólo el formato de los juicios, sino la perspectiva y cultura legal, transitando, por ejemplo, desde una presunción de culpabilidad hacia la presunción de inocencia y el respeto por los derechos humanos.

En este marco, uno de los aspectos de las reformas donde se constatan rezagos, y donde tenemos una oportunidad de incidir de manera estructural en los próximos años mediante la identificación de ejemplos y modelos positivos para guiar el proceso de transición, es el concerniente a la garantía de los derechos humanos por parte de las juezas y jueces, mediante los nuevos parámetros de control de convencionalidad y constitucionalidad, sobre todo en el ámbito de la justicia penal. Es decir, contrastando los actos de autoridades y las leyes secundarias con los derechos reconocidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales.

Así, bajo esta Acción se desarrollará un monitoreo ciudadano a través del cual se conocerá lo que está sucediendo en el sistema penal a raíz de las reformas constitucionales, identificando criterios en la aplicación de las reformas en esos estados, y se podrá guiar la implementación de la reforma penal en todo el territorio a partir de las decisiones judiciales emitidas que puedan ser referentes en todo el país.

En este marco, los objetivos específicos del proyecto, radican en:

  1. Monitorear la aplicación de la reforma constitucional de derechos humanos por las y los jueces que dirimen asuntos penales y juicios de amparo identificando criterios contrarios a los derechos humanos así como buenas prácticas que puedan ser replicadas.
  2. Aportar información analítica y sistematizada sobre la aplicación de la reforma constitucional de derechos humanos generada a partir del monitoreo, impulsando el diálogo con actores judiciales, organizaciones y academia sobre buenas prácticas en materia de control de convencionalidad.

De esa forma, a través del monitoreo se incluirán indicadores uniformes para identificar, por un lado, criterios contrarios a los derechos humanos que persisten actualmente en el sistema penal, y por otra parte, qué buenas prácticas se están desarrollando que se deban replicar en otros estados del país.