En junio de este año las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia (reforma penal) y de derechos humanos cumplirán ocho y cinco años, respectivamente. La primera, por cierto, llegará al fin de la vacatio legis, es decir, a la fecha límite que se estableció para su implementación en todo el territorio nacional para todo tipo de delitos.

Por medio de algunos pocos casos que se han ventilado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diferentes Tribunales Colegiados, ha sido posible conocer algunos aspectos sobre estas reformas, pues se han interpretado algunas figuras importantes, no obstante, se trata de pocos casos porque el índice de acceso a tales instancias es realmente bajo[1].

A través de estos asuntos, también ha sido posible conocer algunos cuantos argumentos e interpretaciones que juezas y jueces locales hacen sobre algunos aspectos de las reformas, pues estos son recuperados por las instancias federales de impartición de justicia, al resolver tales asuntos, pero este parece ser el único modo de conocer como están aplicándose las reformas en sede judicial en las entidades federativas en la inmensa mayoría de los casos, lo cual es preocupante.

Hace algunos meses, la organización Equis: Justicia para las Mujeres, publicó un informe denominado “Verificación de la obligación de transparentar sentencias judiciales: diagnóstico de la situación”, disponible en http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2015/12/DIAGNOSTICO-TRANSPARENCIA-WEB.pdf que muestra que existe un gran problema de opacidad en los poderes judiciales locales del país.

Este informe señala, entre otras cosas, que a pesar que las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública de la inmensa mayoría de entidades del país contemplan que los poderes judiciales están obligados a tener a disposición de la ciudadanía, en sus portales web, las versiones públicas de las sentencias que hayan causado ejecutoria, es decir, las que tienen el carácter de firmes, esta información no existe, está desactualizada o la muestra existente es realmente ínfima, no obstante estar calificada en tales leyes como información pública de oficio.

El informe arroja también que ningún poder judicial local cumplió con un estándar satisfactorio, mismo que se lograría si la información fuera completa, actual y accesible. Muestra también que solo 17 entidades federativas publican versiones públicas íntegras, pero que no se tiene certeza alguna sobre si el universo de sentencias publicadas corresponde a todas las que se emiten en la entidad, pues no existe estadística sobre el número de asuntos resueltos para verificar tal dato. Dentro de estas entidades, en 11 se determinó que el cumplimiento es regular, pues la información es incompleta, desactualizada o inaccesible, mientras que en 6 fue insatisfactorio pues no se cumplen tales criterios. Incluso en 15 de esas 17 entidades se considera que existe una simulación de cumplimiento.

Frente a esto, ¿cómo se puede saber cómo resuelven los tribunales locales los casos que por diferentes motivos no llegan a instancias de revisión constitucional federales? ¿Cómo se puede conocer, evaluar y observar el impacto de las reformas en la instancia donde se resuelven la inmensa mayoría de los casos? ¿Cómo se puede saber si estas reformas están generando una mejora en la resolución de casos? Al parecer, no hay manera de conocer tal cosa.

Parece que es casi imposible conocer tales cuestiones. Aún en el caso de los poderes judiciales locales que sí cargan en los sitios web oficiales las versiones públicas de sentencias, no es posible saber si estas representan la totalidad de sentencias emitidas y además, se tienen sentencias desactualizadas, y por tanto, se tiene una muestra sesgada bajo criterios desconocidos.

Frente a esto, cualquiera pensará que queda como herramienta las solicitudes de acceso a la información pública, pero lamentablemente ni siquiera esta opción parece ser eficaz para conseguir versiones públicas de sentencias, pues son contestadas de manera negativa, como sistemáticamente lo hace el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues a cada solicitud que se hace sobre sentencias firmes, responde que:

La información contenida en los expedientes judiciales es considerada de acuerdo con los artículos 4, fracciones VIII, IX y X; 36 y 37, fracción VIII; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como de acceso restringido, es decir, información que no puede ser de conocimiento público más que por las partes que intervinieron en los mismos, así como por sus representantes o apoderados legales. En este sentido, la Ley citada señala, en su artículo 37,  fracción VIII, primer supuesto, que la información que contienen los expedientes judiciales será de acceso restringido mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, por lo que entonces, todos aquellos expedientes que se encuentren abiertos o en trámite, serán inaccesibles para cualquier interesado ajeno a los mismos, hasta que, como la propia Ley de Transparencia indica en el mencionado artículo 37, fracción VIII, en este caso segundo supuesto, dicha sentencia o resolución cause estado, condición que permite que tales expedientes sean de conocimiento público, salvo la información reservada o confidencial que pudieran contener.

O bien, en el caso donde si remiten sentencias a petición del interesado, se envía una muestra de sentencias elegidas probablemente al azar por el funcionario encargado de atender estas solicitudes, pero que tampoco puede corroborarse con estadística o criterio de selección alguno.

Incluso hay poderes judiciales que responden señalando que no cuentan con esa información y que tampoco cuentan con los medios para producirla. Esto es preocupante porque esto nos hace pensar que no saben siquiera cuántas sentencias se emiten por juzgado de cada materia, datos que son fundamentales para los indicadores de gestión de todo tribunal y para la toma de decisiones al interior de los mismos.


 

[1] “Hay que subrayarlo: la justicia federal es una justicia de élite. La mayoría de los litigios van a quedar resueltos (en el sentido de que ahí termina, no en el sentido de que se haya dado justicia necesariamente) en forma definitiva en alguno de los poderes judiciales locales.

Al contrario de lo que ha sucedido en otros regímenes federales, en México optamos por compensar los vicios de las jurisdicciones locales dando injerencia a los tribunales federales. Así, ante la desconfianza en la justicia local, hemos puesto el énfasis en gastar mucho dinero en una justicia federal más sólida, en lugar de meternos en la tarea de mejorar los tribunales locales.