Entre los principales factores que hacen que la tortura sea generalizada en México (tal y como confirmó el Relator de Naciones Unidas tras un estudio presentado el año pasado) está el uso de la tortura para obligar a personas detenidas a firmar o grabar declaraciones que después son utilizadas como pruebas de cargo en los procesos penales. En 2014, la PGR fue notificada de casi 6 casos diarios[1] de personas procesadas únicamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura[2].

Ante este panorama, se vuelve fundamental el papel del juzgador(a) para garantizar la exclusión de cualquier prueba obtenida directa- o indirectamente mediante tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, uno de los rubros que monitoreamos en el presente proyecto es cómo reaccionan las autoridades judiciales frente a denuncias o indicios de posible tortura o malos tratos en las personas procesadas.

Las reglas mínimas sobre cómo determinar la licitud o ilicitud de una prueba cuestionada por haber sido obtenida bajo tortura han sido desarrolladas durante décadas en el derecho internacional, y constituyen obligaciones vigentes para toda autoridad mexicana no solamente por estar consagradas en tratados sino también por sentencias de la Corte Interamericana dirigidas a México. En particular, están identificadas en la sentencia emitida en 2010 en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, el caso Campesinos Ecologistas[3]. Tanto la Corte Interamericana, como el Comité contra la Tortura de la ONU y el Relator sobre la Tortura, han aclarado estos elementos mínimos, incluyendo los siguientes:

  1. Desde el momento en que la prueba es impugnada o cuestionada por presuntamente haber sido obtenida bajo tortura o tratos crueles, esa prueba se debe excluir de manera provisional, in limine, mientras se indaga sobre la licitud de la prueba[4].
  2. La autoridad judicial tiene la obligación de allegarse de todos los elementos relevantes para esclarecer la licitud de la prueba[5]; es decir, no puede resolver el asunto sólo viendo la información que ya conste en una carpeta de investigación, o viendo que constan las firmas de defensores públicos en una confesión, o que existen certificados médicos rutinarios, porque hasta ese momento no ha habido ningún procedimiento para indagar sobre la posible tortura. Más bien, debe recibir pruebas de ambas partes sobre las circunstancias en las que fue obtenido el elemento impugnado.
  3. Finalmente y tal vez lo más importante: la víctima de tortura no tiene la carga de la prueba para comprobar la tortura, sino que la parte acusadora, es decir el Ministerio Público o la Fiscalía, tiene la carga de prueba para demostrar que la prueba fue obtenida lícitamente[6]. En otras palabras, tiene que explicar de manera convincente cómo obtuvo la prueba. Si existe duda sobre si existió coacción o no, la prueba será inadmisible.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha retomado algunos de estos criterios en tesis aisladas. Por ejemplo:

ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.

Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.[7]

Sin embargo, los criterios establecidos tanto por la SCJN como por los Tribunales Colegiados suelen no retomar la totalidad de las obligaciones internacionales referidas supra. Tampoco la SCJN ha adoptado jurisprudencia para consolidar los criterios de exclusión de la prueba obtenida bajo tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por otra parte, la actual discusión en el Senado de la República de la nueva Ley General en materia de Tortura representa una oportunidad de clarificar desde la legislación los criterios mínimos aplicables a tales casos, pero también podría generar mayor confusión si no retoma correctamente las obligaciones del Estado en este sentido.

En la práctica, los vacíos a nivel nacional contribuyen a que las autoridades judiciales no cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales, dando lugar a la admisión y valoración de pruebas ilícitas en un gran número de procesos. El problema más común en este sentido es asignar la carga de la prueba a la presunta víctima de tortura, quien generalmente no tiene posibilidades de conseguir peritajes independientes[8] u otras pruebas para comprobar su denuncia.

Excluir pruebas obtenidas directa- o indirectamente mediante actos de tortura o malos tratos es fundamental no solamente para garantizar la integridad de los procesos penales y revertir la fabricación de delitos en contra de personas inocentes, sino también para que pueda funcionar el nuevo sistema penal y en general, el sistema de procuración de justicia. En este sentido, es imprescindible que las y los juzgadores recuerden que sin importar los vacíos que hayan existido hasta el momento, les corresponde excluir las pruebas ilícitas según el artículo 20 constitucional y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.


 

[1] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo Karam ante la Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver https://www.youtube.com/watch?v=uox0adj-o4c, a partir del minuto 7:40.

[2] Ver también Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (2012), p. 63. Disponible en: https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/encuesta_internos_cefereso_2012.pdf.

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf.

[4] Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez: Misión a México, 29 de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(d) (“Ordenar a los fiscales y jueces excluir de oficio cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura y garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan in limine y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia”).

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 136. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf.

[6] Ibíd.

[7] Época: Décima Época, Registro: 2009996, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XXI/2015 (10a.), Página: 233. Nuestro énfasis.

[8] Dada la reiterada falsificación y mal aplicación de peritajes oficiales con el fin de encubrir o minimizar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, dichos peritajes no son elementos aptos para esclarecer los hechos.