En México, a pesar de los profundos cambios políticos de las últimas décadas, no ha habido transformaciones significativas en la forma en la que se concibe y ejerce la función judicial. En el pasado reciente, los poderes judiciales no tenían siquiera la obligación de publicar información sobre su presupuesto, sueldos o contratación de funcionarios, mucho menos versiones públicas de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

La desconfianza de la ciudadanía hacia los poderes judiciales ubicó en la agenda pública la necesidad de una reforma judicial. A pesar de que ya son más de tres décadas de que inició este proceso de reforma judicial, es difícil afirmar su éxito o creer que está terminada; si bien los avances tanto en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal (PJF) cómo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son perceptibles a simple vista, existe una asimetría pronunciada con la resistencia al cambio en los poderes judiciales de los estados, aún poco independientes frente al poder de los gobernadores y opacos en cuanto a la rendición de cuentas.

Para percibir los cambios en la forma en la que se actúa en los poderes judiciales es necesario analizar, entre otras cosas, cómo es que sus órganos jurisdiccionales deciden caso por caso, es decir, se requiere contar con acceso a información que permita un análisis cualitativo de las decisiones judiciales, sin embargo, parece ser que la rendición de cuentas se ha entendido mal en los tribunales, la evaluación de eficacia centrada en los ingresos y egresos de asuntos, no es una manera adecuada para medir el éxito de los órganos que se supone deberían resolver conflictos.

El objetivo de este breve artículo es, además de proponer una lectura del contexto actual de la transparencia judicial en México, realizar una monografía en donde se conjunten algunos conceptos útiles para la construcción de parámetros de evaluación de la calidad de la transparencia en tribunales de todos los órdenes en el país.

En la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana se presentó un documento titulado “Recomendaciones en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos” en donde se estipulan una serie de elementos relevantes sobre transparencia judicial importantes para construir un estándar aplicable a la realidad de los poderes judiciales mexicanos, a saber:

  • Transparencia activa: es la obligación de los órganos jurisdiccionales y consejos de la judicatura, de mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos y otros medios, la información relevante de su gestión y de sus integrantes, en forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno.
  • Transparencia pasiva: es el derecho de toda persona o institución interesadas, a solicitar, acceder y recibir la información que obre en poder de estos órganos públicos, con la consiguiente obligación del órgano de proporcionar la información requerida.

Así como las dimensiones interna y externa, que diferencian la información dependiendo del destinatario; la dimensión interna es información relevante y accesible sólo para quienes integran el poder judicial o consejo de la judicatura; y la dimensión externa, información accesible y relevante para la ciudadanía en general.

Por otra parte, en el Libro Blanco de la Reforma Judicial, una agenda para la justicia en México producto de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, coordinada por la SCJN en 2006, se establece una relación directa entre transparencia e independencia judicial, pues únicamente mediante el escrutinio de la ciudadanía sobre el trabajo sustantivo de los tribunales, se puede saber al menos dos puntos esenciales sobre el estado actual de la calidad de nuestra justicia: independencia judicial y tutela judicial efectiva de los derechos humanos.

Si un poder judicial es opaco en cuanto a la forma en que deciden sus órganos jurisdiccionales, podemos afirmar que son imparciales, que no existen los llamados “juzgados de consigna” en donde se turnan casos en donde se favorecen a ciertas instituciones o personas, cómo podremos saber si existe un órgano judicial que sistemáticamente resuelve de manera discriminatoria contra las mujeres, indígenas o migrantes por condiciones personales.

Durante décadas las decisiones judiciales mexicanas, tanto del fuero federal como del común, fueron sólo información accesible al interior de los mismos, es decir sólo importaba la dimensión interna de la transparencia; los cambios fueron lentos a nivel federal, pues con trabajo, la publicación de las sentencias era selectiva y tardía y de difícil acceso.

Hasta hace relativamente poco tiempo el PJF y la SCJN comenzaron a desarrollar mejores plataformas de transparencia pasiva con ayuda de las tecnologías de la información, poniendo a disposición del público versiones públicas de engroses y sentencias relevantes de los distintos órganos jurisdiccionales que lo conforman. Sin embargo, el impulso del PJF y la SCJN aún no hace eco en gran parte poderes judiciales locales, so pretexto de su precariedad presupuestaria o sus limitaciones tecnológicas –que dicho sea de paso, es un elemento importante de su falta de autonomía– mantienen el trabajo sustantivo de sus órganos prácticamente en secreto.