Actualmente en México un número bastante considerable de acusaciones penales se basan en pruebas ilícitas, que son convalidadas frecuentemente por los órganos judiciales que, por diversos motivos, les otorgan valor probatorio para declarar la responsabilidad de muchas personas e imponerles sanciones penales.

La corrupción, la falta de capacidades institucionales de las diferentes instancias involucradas en el ámbito de la justicia penal, en especial aquellas que tienen a su cargo la investigación de los delitos; junto con otra serie de “vicios” muy arraigados en el sistema de justicia penal nacional, como lo es la presencia de diferentes incentivos perversos que buscan modificar la percepción sobre la seguridad y la justicia mediante la manipulación de estadística de combate al crimen, en la que se priorizan, por ejemplo, como indicadores de éxito, el número de detenciones, son aspectos que generan que sean realmente pocas las acusaciones las que se basan en una investigación criminal seria.

Con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 (reforma penal), mediante la que se adoptó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se pretende, entre muchas cuestiones, dotar de condiciones de confiabilidad y transparencia al sistema de justicia penal, cerrar espacios a la impunidad, garantizar en favor de las y los gobernados el derecho de acceso a la justicia y fortalecer los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos de las personas imputadas, víctimas y, en general, cualquiera que concurra a un proceso penal por diversas causas. 1

Para cumplir tales finalidades, se fortaleció de manera transversal el sistema probatorio penal para dar cumplimiento a los principios del sistema acusatorio 2 y para hacer frente a muchas fallas que se presentan en el sistema de enjuiciamiento inquisitivo mixto, que se está tratando de dejar atrás, donde en lugar de investigar los delitos, una parte muy importante de las acusaciones se basan en confesiones obtenidas bajo tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en pruebas fabricadas o sembradas, en testimonios inventados, falsas flagrancias y evidencia obtenida en cateos, intervenciones o revisiones efectuadas de manera ilegal.

Para ello, también se aprobó, en 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrá que estar vigente en la totalidad del territorio nacional y para la generalidad de los delitos a más tardar el 18 de junio de 2016, 3 que detalla el marco procesal para la aplicación del sistema acusatorio y que incorpora diferentes reglas en materia probatoria, que son el pilar de este sistema y tienden a dar cumplimiento a los estándares de derechos humanos obligatorios, donde la carga del Estado de sostener la acusación contra una persona, con pruebas legales, es absoluta.

La Constitución establece por primera vez con mucha claridad los fines del proceso penal (Artículo 20, Apartado A, Fracción I), entre los que destaca el esclarecimiento de los hechos, el cual solo será posible lograr si se fortalece la investigación legal y científica de los delitos, pues si las acusaciones se siguen basando en datos falsos y pruebas ilícitas, no hay esclarecimiento posible.

Técnicamente, nuestro sistema penal tendrá que acostumbrarse a investigar para detener, una vez que se cuenten con elementos que justifiquen una afectación a los derechos humanos de las personas (como la privación de la libertad) y tendrá dejar de detener para investigar. Evidentemente, también tendrían que dejarse de lado muchas otras prácticas ilegales, pues conforme al marco constitucional actual, todo el haber probatorio recabado mediante la violación a derechos fundamentales será nulo, 4 lo que puede generar, incluso, la nulidad del proceso entero, cuando las únicas pruebas existentes son ilícitas.

Esta regla de exclusión de la prueba ilícita se introdujo en 2008 en nuestra Carta Magna, pero para nada es un asunto nuevo. Cuenta con bastante desarrollo en los sistemas penales comparados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es obligatoria en sede interna.

Su consolidación a nivel nacional es urgente, pues es el incentivo negativo idóneo contra los métodos ilegales de obtención de pruebas, tan generalizados en nuestro país. Así, es un camino muy adecuado para lograr cambiar de fondo al sistema de justicia, fortaleciendo la investigación criminal.

Debe tenerse muy presente que la finalidad de la exclusión de las pruebas ilícitas es garantizar la confiabilidad de las pruebas y disuadir a los agentes encargados o auxiliares de la investigación de hacer uso de mecanismos ilegales y violatorios de derechos humanos, fomentando en su lugar los métodos legales. Es decir, se trata de un requisito para el desarrollo de un proceso penal justo y confiable, más que un beneficio a favor de las víctimas de tales violaciones a derechos humanos.

Evidentemente, para su aplicación es indispensable desarrollar y fortalecer otra serie de procesos y mecanismos de garantía, como son la independencia judicial o la profesionalización, autonomía y robustecimiento institucional de los servicios periciales, para dejar de recargar toda la persecución de los delitos en las detenciones en flagrancia y las confesiones. Solo así se podrá cumplir realmente con los fines y principios del sistema acusatorio.

En conclusión, para que los datos y pruebas sean válidos en un proceso deben ser obtenidos, producidos, reproducidos, admitidos y desahogados de manera lícita, por autoridad competente y garantizando en todo momento los derechos humanos de las personas involucradas en el proceso, respetando todas las formalidades establecidas para ello. 5


[1] Ver SCJN, La Prueba en el Sistema Acusatorio en México (prueba ilícita, eficacia y valoración) (En Línea), disponible en http://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo%20LA%20PRUEBA%20EN%20EL%20SISTEMA%20ACUSATORIO%20%28Mag.%20Aguilar%29%20Modulo%20VII.pdf, consultada el 28 de octubre de 2015.
[2] Ver artículos 4 al 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[3] Ver Artículo Segundo Transitorio del CNPP.
[4] Ver fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional.
[5] de Pina, Volga y Jiménez, Alejandro, Defensa Pública y derechos humanos en el sistema penal acusatorio, México, IMDHD, 2015, p. 143.