Una de la obligaciones de todo juzgador en México es respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Estos tratados incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento principal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de donde nace el término “control de convencionalidad” para describir el deber de toda autoridad judicial de armonizar sus determinaciones con los derechos protegidos en los tratados internacionales.

Sin embargo, el control de convencionalidad va más allá de esta Convención e incluye tanto otros tratados del Sistema Interamericano, que del sistema universal (es decir, el sistema de Naciones Unidas). Por lo tanto, vale la pena conocer más de cerca las funciones y facultades de estos dos sistemas internacionales de protección. En el presente proyecto, rastreamos el uso de los tratados y la jurisprudencia de ambos sistemas en las sentencias mexicanas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y consta de dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Su propósito es velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en las Américas y, en particular, supervisar el cumplimiento de los Estados partes de la OEA de sus obligaciones internacionales adquiridas mediante la ratificación de los tratados regionales de derechos humanos, como la Convención Americana.

Se trata de un sistema complementario de los mecanismos de protección y sistemas de justicia de los Estados. Es decir, la implementación de leyes, políticas y prácticas para garantizar los derechos humanos – y el esclarecimiento, sanción y reparación integral de toda violación a éstos – es la responsabilidad de cada Estado. Sólo cuando es evidente que un Estado no está cumpliendo con sus deberes en esta materia, se abre la posibilidad de que las víctimas de violaciones de derechos humanos litiguen sus casos ante el Sistema Interamericano. Por otro lado, es importante mencionar que la Comisión Interamericana realiza una serie de actividades más allá del litigio internacional, incluyendo audiencias temáticas sobre diversas problemáticas en los países de la región, visitas, informes temáticos y otras, mismas que generan recomendaciones concretas sobre cómo mejorar el goce de los derechos humanos en la región.

En caso de que una persona, comunidad u otro grupo acuda ante el Sistema para litigar un caso concreto, la Comisión Interamericana recibe la petición inicial, decide si el caso es admisible, y si admite el caso, posteriormente considera el fondo del asunto y emite sus conclusiones en un Informe de Fondo. Si la Comisión declara la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos y el Estado no implementa las recomendaciones de la Comisión para reparar las violaciones, la Comisión puede remitir el caso a la Corte Interamericana. Si un caso es enviado ante la Corte Interamericana, entonces ella se encargará de analizar los alegatos de las víctimas y del Estado, para finalmente emitir una sentencia con carácter vinculatorio para el Estado parte, incluyendo en lo correspondiente, a todas sus autoridades judiciales.

En el transcurso de las décadas pasadas, la Comisión y la Corte Interamericana han consolidado su perfil en la región y a nivel global por el importante impacto que han tenido en varios países de las Américas.

El Sistema Universal: la Organización de las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también cuenta con un sistema de protección de los derechos humanos que involucra distintos órganos, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos (espacio compuesto por representantes de Estados parte de la ONU) y una serie de órganos compuestos por expertos y expertas independientes, tales como los órganos de tratado y los procedimientos especiales.

Los órganos de tratado son Comités que nacieron para supervisar e impulsar el cumplimiento de los diversos tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada tratado, además de consagrar una serie de derechos humanos, crea un Comité cuyo mandato es analizar los informes tanto de Estados parte como de la sociedad civil y otros actores para monitorear el nivel de cumplimiento del tratado correspondiente, y para formular recomendaciones a los Estados para mejorar su implementación del tratado. Los Comités también suelen emitir Observaciones Generales en las que desarrollan en detalle el significado de cada uno de los derechos humanos protegidos en el tratado a su cargo, mismas que constituyen excelentes fuentes de información sobre el contenido e interpretación de los tratados. A veces los Comités realizan visitas a los países.

Finalmente, los Comités generalmente pueden analizar y resolver casos individuales enviados por víctimas o sus representantes; sin embargo, es necesario que el Estado en cuestión haya reconocido la competencia de cada Comité para que éste pueda resolver casos individuales de ese país.

Los procedimientos especiales son expertos y expertas internacionales conocidos como Relatores y Relatoras Especiales o Grupos de Trabajo, cuyo mandato es recibir información en cualquier momento, enviar comunicaciones a los Estados, realizar visitas, emitir informes anuales y de país y realizar otras actividades para promover el respeto y garantía de ciertos derechos, o en cierto país. Por ejemplo, existen Relatores y Relatoras Especiales sobre Tortura, Ejecuciones Extrajudiciales, Violencia contra la Mujer, Pueblos Indígenas, Personas Migrantes y otros derechos o temas, mientras que existen Grupos de Trabajo (compuestos por 5 personas expertas) sobre Desaparición Forzada, Detenciones Arbitrarias y otros. En sus informes, analizan la situación que guarda el tema de su mandato y formulan recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los Estados con sus obligaciones internacionales en la materia.

En conclusión
Cuando se habla de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, la pregunta más frecuente es, ¿cuáles tratados y decisiones internacionales son vinculantes para las autoridades mexicanas? Hoy en México, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en múltiples ocasiones que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes.

Sin embargo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 no distingue entre los dos sistemas de protección (Sistema Interamericano y ONU): todos los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano son igualmente vinculantes. Por ende la interpretación autorizada que de éstos hacen los Comités de la ONU, la Comisión o Corte Interamericana, etc., adquieren relevancia: estos órganos son la fuente de interpretación de instrumentos de cumplimiento obligatorio para México, de tal modo que incumplir sus decisiones en casos individuales implica incumplir las obligaciones contenidas en el tratado en sí, y descartar sus recomendaciones temáticas por lo menos pone en peligro el cumplimiento del Estado con el tratado correspondiente.

La buena noticia para las y los juzgadores del país es que estas diversas fuentes de interpretación llevan décadas desarrollando criterios y respuestas específicas ante una gama de preguntas y debates en materia de derechos humanos, así que existe un vasto acervo de jurisprudencia (que a su vez cuenta con buscadores e índices) que ayuda a resolver casos que pueden ser novedosos para la autoridad judicial, facilitando el ejercicio del control de convencionalidad.