Con las reformas de junio de 2008 (en materia penal) y junio de 2011 (en materia de derechos humanos), se estableció desde la Constitución que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y debe ser el eje rector del sistema de justicia penal mexicano. Es decir, toda persona procesada penalmente se debe presumir inocente, hasta que se compruebe lo contrario mediante sentencia dictada después de un proceso respetuoso de los derechos humanos y en el que la parte acusadora (ministerio público o fiscal) tiene la carga de la prueba para demostrar la comisión del delito y la responsabilidad de la persona acusada.

La urgencia de consolidar la presunción de inocencia por parte de las autoridades judiciales del país no se puede sobreestimar. Las políticas de seguridad pública de los últimos años han venido a agudizar y dejar manifiesta la deuda histórica que tiene el Estado en materia de procuración e impartición de justicia: actualmente se constata un patrón de detenciones arbitrarias, actos de tortura y fabricación de pruebas, lo que lleva a un fenómeno por el que México es conocido a nivel nacional e internacional: la fabricación de culpables, o la consignación de personas, muchas veces inocentes, ante los órganos judiciales. Lo anterior produce no sólo violaciones a los derechos humanos de las personas procesadas, sino también impunidad, puesto que los verdaderos culpables siguen en libertad y no se avanza en la profesionalización de las investigaciones penales.

Ahora corresponde a las y los jueces jugar el papel más importante en la transformación del sistema penal, de la tradicional presunción de culpabilidad, a la plena institucionalización de la presunción de inocencia. Por lo tanto, uno de los rubros que estaremos monitoreando a lo largo del presente proyecto es precisamente la presunción de inocencia, entendida como una regla en materia probatoria (es decir, que la parte acusadora tenga la carga de la prueba) así como el eje que guía todo el proceso penal.

La presunción de inocencia ha sido desarrollada en el derecho internacional hace cientos de años y se encuentra consagrada en diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, con entrada en vigor en 1976) reconoce en su artículo 14 los dos pilares interdependientes de igualdad ante la ley y presunción de inocencia como derechos de toda persona. Además, enumera diversos derechos procesales, tales como: ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; ser informada de la naturaleza de la acusación en su contra; contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa; comunicarse y ser asistida por un defensor de su elección o de oficio (gratuitamente en su caso); estar presente en el proceso; interrogar a los testigos de cargo; obtener la comparecencia de testigos de descargo; no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable; revisión de cualquier fallo condenatorio por un tribunal superior; y no ser juzgada dos veces por el mismo delito.1

Los mismos derechos procesales se reconocen al nivel regional en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, con entrada en vigor en 1978), instrumento que deja en claro además, las consecuencias procesales de la violación de determinados derechos humanos: en particular, la confesión de la persona imputada “solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.2

Al interpretar el artículo 8 de la CADH, la Corte Interamericana ha asentado:

[E]n el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.

La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.3

A nivel nacional, el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción I, dispone que toda persona tenga derecho “[a] que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que incluso antes de la reforma al mencionado artículo en junio de 2008, la Constitución protegía la presunción de inocencia.4 Por lo tanto, debe ser la regla en todos los procesos penales actualmente en curso, sin importar cuando se hayan iniciado.

En conclusión, la consolidación de la presunción de inocencia ayudará a proteger los derechos fundamentales de las personas procesadas, pero también es la clave para proteger el derecho al acceso a la justicia para las víctimas de delitos. Si las autoridades judiciales respetan y garantizan la presunción de inocencia, las procuradurías y fiscalías del país tendrán que presentar casos sólidos, basadas en investigaciones profesionales y confiables, sabiendo que una acusación fabricada contra una persona inocente ya no logrará una sentencia condenatoria. Conforme se mejora la calidad de las investigaciones penales, se reducirá la tasa de impunidad, puesto que las autoridades lograrán identificar y procesar a las personas responsables de un mayor porcentaje de delitos, generando resultados concretos para la sociedad.


[1] El Estado mexicano es parte del PIDCP desde el 23 de marzo de 1981.
[2] La CADH, también conocida como el Pacto de San José, fue ratificada por el Estado mexicano por instrumento depositado el 24 de marzo de 1981. El 16 de diciembre de 1998, México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, último intérprete de la Convención Americana.
[3] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153-54. Notas de pie internas omitidas.
[4] Ver PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis P. XXXV/2002 [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; p. 14. Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Ver también PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 1a. I/2012 (10a.) [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3; p. 2917. Amparo directo en revisión 2087/2011. 26 de octubre de 2011.